Movimientos Estudiantiles  

Uno de los resultados que trajo la marcha del silencio fue la consolidación del Frente Unido Estudiantil de Colombia (FUEC), que se instituía bajo la noción de  representar los intereses de los estudiantes, y espacios de discusión (como mesas de trabajo en distintas universidades del país), para buscar alternativas en el proceso de transformación. A principios de septiembre se reunieron para fundarla estudiantes de varias universidades privadas y públicas de Bogotá (Universidad de América, Andes, Distrital, Externado, Gran Colombia, Javeriana, Nacional, Sabana, Pedagógica, Santo Tomás y Sergio Arboleda). Sin embargo, aunque el FUEC alcanzó a tener algunas reuniones en septiembre, ya a principios de octubre se había agotado como proyecto.

 

El Frente Unido Estudiantil, pese a su composición heterogénea, al cabo de 1989 se desintegró. En tanto que, la mayor parte de las observaciones de las mesas de trabajo fueron dejadas a un lado, a excepción de aquellas que se elevaron en la Universidad del Rosario y que fueron publicadas en el diario El Tiempo, el 22 de octubre de 1989, con la intención de comenzar a recolectar firmas para solicitar al entonces presidente de la República, Virgilio Barco Vargas, la convocatoria de un plebiscito que resolviera el tema de la reforma constitucional. A pesar del esfuerzo, dicho plebiscito nunca fue convocado.

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Aunque el movimiento buscó tener un amplio alcance en todos los sectores sociales, primariamente se focalizó en las Aulas. Siendo que sus alianzas se forjaron desde el apoyo de la academia, o sea, desde el soporte de los profesores y directores de facultades que no sólo ayudaron a crear espacios de discusión sobre la posibilidad de una Constituyente. También lograron acercar a los estudiantes a contactos con los medios de comunicación y algunos de los funcionarios de la Corte de Justicia de la época.

Este fue en el caso de Fernando Carrillo, profesor de derecho constitucional en el Rosario y la Javeriana, quien creó un grupo de estudio para articular la defensa jurídica de los decretos que Barco había expedido ese 18 de agosto.

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 De este grupo salieron los posteriores líderes del movimiento Diego López y Óscar Guardiola (Lemaitre, 2009, p.90). De hecho, Fernando Carillo fue el que propuso a la decana de jurisprudencia del Rosario, Marcela Monroy, convocar al pueblo a introducir en la urna de votación de marzo una papeleta adicional que llamara a Asamblea Nacional Constituyente (Lemaitre, 2009, p.100)       

También, Manuel José Cepeda, consejero para la constitución, se convirtió en una figura importante para articular las necesidades de legitimación de Barco en el proceso de la posible Asamblea Constituyente. Además trajo a colación las aspiraciones modernizantes del Partido Liberal, y las demandas de los estudiantes por un cambio que llevara a la paz (Lemaitre, 2009, p.93)

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Ciertamente, se presentaron otros actores que le brindaron al movimiento recursos de todo tipo, desde apoyo monetario hasta audiencias con gobernantes y cubrimientos de medios de comunicación nacional. Respecto a los medios de comunicación, hubo un mayor apoyo en cuanto a la prensa escrita liberal, en donde en las noticias moldeaban los informes sobre el movimiento estudiantil para darle legitimidad a las propuestas liberales. Según Lemaitre (2009), "los directores de los grandes medios de comunicación de Bogotá estaban reunidos en el Club de Ejecutivos en la Calle 26 con Carrera séptima, el 25 de agosto de 1989. Desde sus ventanas panorámicas fueron testigos privilegiados de la gigantesca y pacífica marcha estudiantil con la cual empezó el movimiento" (p.95). Por ello, que la revista Semana decidió apoyar al movimiento, debido a que se distanciaba de las acciones radicales de protesta. Adicionalmente, en el proceso de la séptima papeleta se unieron al proyecto periódicos como El tiempo, El Colombiano de Medellín, El País de Cali, El Heraldo de Barranquilla y Vanguardia Liberal de Bucaramanga.                            

También, recibieron apoyo de diversos círculos de la izquierda que buscaban la participación política electoral. Por un lado, el M-19 (como se mencionó anteriormente) había llegado a formular el "gran diálogo nacional";y el EPL y las FARC en diversas ocasiones habían propuesto la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Por otro lado,    "la izquierda democrática", como los desmovilizados de la UP, los sindicatos, los centros de estudio intelectuales de izquierda y grupos radicales, creían que la propuesta de la reforma constitucional era la aspiración histórica primordial para llegar al poder (Lemaitre, 2009). 

Ahora bien, el escenario parecía poco esperanzador, pero un grupo de estudiantes y profesores universitarios perseveraron en la búsqueda de una opción para llevar a cabo la enmienda. De allí surgió la idea de aprovechar la jornada electoral del 11 de marzo de 1990 

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A partir de ese momento, la actividad del movimiento se orientó a asegurar que los votos depositados en las urnas, bajo el título de la Séptima Papeleta, fueran escrutados. El 8 de marzo, el Movimiento Estudiantil se reunió con el objetivo de redactar un comunicado para el 11 de marzo siguiente. No obstante, el conflicto de opiniones en el grupo generó su división en dos segmentos, el primero, conocido como Movimiento Estudiantil Todavía Podemos Salvar a Colombia, conformado por estudiantes de universidades privadas, y el segundo, llamado Movimiento Estudiantil por la Constituyente, de composición heterogénea entre estudiantes de universidades públicas y privadas. El expresidente de la República Alfonso López Michelsen había sugerido al presidente, Virgilio Barco Vargas, que emitiera un decreto de estado de sitio autorizando la manifestación soberana y ordenando la contabilización de la Séptima Papeleta. Esta propuesta salió adelante cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que, aunque no tenía la potestad de contabilizar los votos, no se opondría a que estos fueran introducidos en las urnas y escruta- dos de manera informal.